miércoles, 22 de junio de 2011

¿Por qué están quebrando países y no bancos?

Nuestro hiperinformado y multiconectado mundo aún se rige en el plano político por un concepto dieciochesco: la vieja noción de soberanía de los Estados, según la cual un Estado es una unidad de poder político que ejerce su imperium en un trozo de territorio, sin admitir injerencias externas. Este viejo concepto, erosionado por la profunda ola neoliberal y globalizadora que azotó al mundo desde los años 80 del pasado siglo, sigue estando vigente, sin embargo, en las relaciones entre Estados y (aunque no las he leído todas) apuesto a que las actuales constituciones de los distintos países de la UE aluden a la soberanía popular (o nacional, según preferencias) como fuente de todos los poderes del Estado, porque así nos lo enseñaron los compañeros revolucionarios franceses hace más de doscientos años.

Llevamos ya tres años en crisis, tres años en los que hemos oído muchas cosas. Muy poco tiempo duró aquello de “refundar el capitalismo” porque había algunos a los que no les interesaba refundar un chiringuito en el que se lo estaban (y se lo están) pasando tan bien. Así que estos pocos (y pongámosles el nombre que queramos: mercados, multinacionales, grandes propietarios, sea como sea, una minoría de privilegiados) se pusieron a tensar la cuerda a fuerza de emplear una ideología que no es para nada nueva: en Argentina, México o Brasil ya conocen muy bien en qué consisten estos préstamos condicionados a “ajustes estructurales” (léase adelgazamiento del Estado hasta la desnutrición) que ahora se imponen a países europeos como Grecia, Irlanda o Portugal. Se genera un monto de deuda al que se le van uniendo unos intereses que pronto devienen inasumibles y que hunden al país que los sufre en la más absoluta miseria y falta de crecimiento económico. Nada nuevo, pues, bajo el sol.

El lunes mismo, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, hablaba con condescendencia de los ciudadanos griegos y españoles, en los que percibía “cansancio” y a los que, en todo caso, avisaba de que no había otra alternativa a las medidas de recorte propuestas. En similares términos se pronunciaba nuestra ministra de economía, Elena Salgado y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. ¿Quién decide que no hay otra alternativa? Son los más ricos quienes más deben sacrificarse en una situación de crisis y no al revés, primero porque ellos también forman parte de la comunidad de ciudadanos y, por tanto, del contrato social que supone todo Estado democrático (¿recuerdan a Rousseau?) y segundo, porque tienen muchos más recursos para soportar esos sacrificios. Ayer mismo, en este mismo blog hablaba de los chirridos del sistema político español, a los que se podía añadir un quinto chirrido: el de esta Unión Europea que ha devenido un simple instrumento a las órdenes de los postulados más radicales de la extrema derecha económica. ¿Dónde está la UE como espacio democrático, defensor de los derechos humanos y de un modelo de protección social único en el mundo?

Porque sí, señoras y señores, vivimos en la zona del mundo que garantiza una mayor protección social a sus ciudadanos y que, aún hoy (pese a todo el crecimiento de las potencias emergentes) sigue estando entre las cuatro mayores economías del mundo. Por supuesto, hay una minoría de ciudadanos, en Europa en particular y en el mundo en general, a los que este sistema les importa un bledo porque no lo necesitan. ¿Cuánto supone esta gente en el total de la población europea? ¿Y en el total de la población mundial? ¿Llegarán a un 3%? Entonces, ¿por qué la UE, y con ella todos sus Estados miembros, se pliegan a sus intereses? Creo que todos coincidiremos en que, aún con todos los problemas que padecemos, la riqueza general en Europa hoy es mayor que la que había después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacieron los postulados social-demócratas. ¿Cómo es posible entonces que haya Estados en situación de quiebra mientras los principales bancos españoles no bajan de los 8000 millones de euros de beneficios al año?

Todos recordamos como imagen arquetípica de la gran crisis de 1929 en Estados Unidos la de aquellos ejecutivos y brokers de Wall Street tirándose literalmente por las ventanas porque se arruinaron completamente (todo ello mientras Central Park se llenaba de chabolas). ¿No ven diferencias con la situación actual? Son excepcionales y realmente marginales (especialmente aquí en España) los casos de bancos con problemas económicos o declarándose en quiebra. ¿Es esto normal en la que se nos dice que es la mayor crisis desde aquel crack del 29? La petición de sacrificios es perfectamente comprensible en una situación como esta, pero lo es menos que esa petición sólo se dirija a una parte (casualmente la mayoritaria) de la población. No sé si ustedes que me leen comparten esta sensación, pero yo hace tiempo que me veo fuera de la discoteca, escuchando de lejos la música, sin poder entrar y además recogiendo la mierda que dejan cada día unos pocos después de la borrachera.

¿Y qué hacemos frente a esto? Pues yo volvería a aquel concepto dieciochesco de la soberanía. Porque se nos está olvidando que vivimos en Estados soberanos, cuyos gobernantes no deben responder más que ante los ciudadanos que los eligen. Necesitamos una nueva hornada de políticos (y si no es una nueva hornada, me conformo con uno solo, ni siquiera eso existe hoy) que den de una vez un puñetazo en la mesa en esas reuniones del Eurogrupo o ante las exigencias del FMI o ante la lección del banquero de turno y se planten en nombre de la soberanía popular a la que representan. Hoy en día, algo que está escrito en todas nuestras constituciones, y que es uno de los pilares sobre los que se sustentan nuestros sistemas políticos en Europa, sería tan revolucionario que ni se plantea. La paciencia de la ciudadanía empieza a agotarse cuando ni un solo jefe de Estado o de Gobierno sale en defensa de sus ciudadanos, cuando no se oye ni un solo reproche al sistema bancario (no digo ya medidas concretas), cuando entre las medidas de ajuste se encuentra la eliminación del impuesto sobre el patrimonio o sobre sucesiones y donaciones, que gravan a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo.

Por eso es importantísimo (y diría que histórico en España) que sea la propia ciudadanía la que esté reclamando que se escuche su voz. Que sean ciudadanos libres y soberanos los que estén haciendo lo que sus representantes políticos no se atreven a hacer: plantar cara al poderoso y decir ¡basta ya!

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