A España ya no le interesa esta UE

Razones por las que a España ya no le interesa seguir en esta UE:

- Una Unión donde se fijan estrictos "criterios de convergencia" basados en la obsesión por el déficit público de los postulados neoliberales, pero donde no se establece como contrapartida la existencia de una fiscalidad europea y una deuda pública europea, mecanismos destinados a que todos los Estados miembros respondan por todos de manera solidaria, no es una verdadera Unión, sino una moneda única al servicio de la especulación y los poderes financieros.

- Una Unión Europea capaz de proponer a Grecia que todos sus ingresos tributarios deben ir destinados al pago de su deuda y que puede enviar delegados para vetar partidas de su gasto público no es una Unión basada en la cesión voluntaria de soberanía en aras del progreso de sus ciudadanos, sino una dictadura ideológica basada en unos postulados que han demostrado ser nefastos para solucionar la crisis que estamos viviendo.

- Un Banco Central Europeo obsesionado con controlar la inflación sin importarle los problemas que supone la especulación descontrolada con la deuda soberana de sus Estados miembros, no es un verdadero banco central, sino un cómplice de dicha especulación. Desde luego, su actuación dista mucho de la que están desarrollando los que serían sus homólogos en el mundo: la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra o el Banco Central japonés, que con sus compras de deuda masivas están ayudando a sus respectivos países a salir de la crisis mucho mejor que nosotros.

- Una Unión Europea de 27 miembros (17 en la eurozona) supeditada única y exclusivamente a los criterios establecidos por uno de ellos, Alemania, no es una Unión, es una Sumisión. Los criterios alemanes pueden ser perfectamente válidos para ellos pero no tienen por qué serlo para todos los países periféricos de la Unión, cuyas economías son muy diferentes a la alemana. En todo caso, y ya que los citados criterios de Maastricht fueron firmados allá por 1992 (craso error del que vienen todos estos lodos), los países periféricos pueden comprometerse a cumplirlos siempre que haya una contrapartida clara: la emisión de deuda pública europea por parte del BCE. Alemania se niega porque no quiere pagar más intereses de los que paga actualmente (incluso a veces les pagan a ellos), pero en eso consiste una Unión, en la solidaridad entre sus miembros. Esta exigencia tiene que ser planteada inmediatamente por cualquiera de los países que más están sufriendo esta crisis en la UE: Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y también, por supuesto, España.

- Integrarse en una Unión obsesionada hasta la locura con la competitividad perdiendo tu moneda nacional implica que, para competir, no podrás recurrir a la socorrida devaluación de tu moneda, que abarata tus exportaciones y te permite competir mejor en los mercados internacionales. ¿Qué les queda entonces a países como España para competir? Abaratar sus costes empresariales, es decir, reducir salarios y contribuciones sociales de las empresas.

- Una Unión capaz de exigir a sus Estados miembros que constitucionalicen el "déficit cero", haciéndoles introducir en sus Constituciones nacionales una cláusula netamente ideológica (y que en España no va a traer más que problemas futuros para sus ciudadanos) es una organización alejada de los postulados democráticos y de defensa del progreso humano en que, quiero pensar, se basó su fundación.

- Una Unión que defiende a sus bancos por encima de sus ciudadanos debería ser disuelta mañana mismo.

Golpe de Estado inaceptable

Entre estupefacto y profundamente triste estoy asistiendo al cúmulo de acontecimientos que se suceden en este final de legislatura. A las pocas horas de colgar mi anterior entrada sobre los abusos y compadreos en el poder de PSOE y PP, el presidente del Gobierno anunciaba su voluntad de proponer, con el acuerdo del PP, una reforma constitucional para modificar el art. 135 de la Carta Magna, que quedaría redactado como sigue:

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias."

Ayer viernes, tras una "ardua" negociación de dos días del PPSOE, la iniciativa fue presentada en el registro del Congreso de los Diputados. Fruto de ella, y tras dos semanas de debate en ambas Cámaras, se introducirá en la Constitución una cláusula netamente neoliberal, derivada de una ideología concreta: la que se obsesiona con el gasto público, y abandona siempre el lado de los ingresos, y la que se olvida de que esta crisis no la originaron los Estados sino los bancos. A estos bancos se les prestó dinero (en el mejor de los casos, también se les regaló mucho) a intereses de entre el 0% y el 1%, pero ahora a los Estados como España esos mismos "inversores" les exigen el 6% para prestarles dinero. Lo digo y lo vuelvo a repetir: en España hay grandes fortunas que pueden y deben contribuir a salir de esta crisis (y podían tomar el ejemplo de los grandes empresarios franceses que esta misma semana solicitaron a su gobierno pagar más impuestos para ayudar al país). Y entre ellos también hay delincuentes que mandan su dinero a Suiza para no pagar impuestos en su amada España, mientras se atreven a darnos lecciones de austeridad económica.

Poniendo el énfasis en las restricciones en el déficit y en el pago prioritario de la deuda (ver apartado 3) se resta soberanía al Estado a la hora de decidir qué partidas presupuestarias son prioritarias y se entra en un círculo vicioso de eterno pago de deuda que lastrará al país y a las generaciones futuras por muchos años. El estímulo público a través de la inversión en infraestructuras y otros servicios genera empleo y crecimiento. Con este artículo, se olvida toda política de estímulo para caer en una de austeridad derivada de la absurda imposición de Alemania, cuya canciller Angela Merkel, hace mucho que se convirtió en un cáncer para la Unión Europea. Señora Merkel, para tener una UE como la que Ud. nos propone, deshagamos la UE. La UE se fundó sobre la idea de ser una comunidad solidaria entre sus miembros para favorecer un crecimiento mutuo y armónico. Si cada país va a defender sus intereses (y más concretamente, los de sus bancos), ¿para qué queremos UE?.

Esta misma mañana acabo de enterarme de que Zapatero se reunió con Aznar en Moncloa en el mes de julio "para limar asperezas". Me he quedado petrificado. Petrificado de ver cómo los dos presidentes de Gobierno más mediocres que posiblemente haya dado este país se reúnen para venderlo al mejor postor. Petrificado por la ligereza del vergonzante "socialista" Zapatero y sus ministros a la hora de explicar lo inexplicable: una reforma constitucional anunciada en agosto, negociada en dos días y (presumiblemente) aprobada en un par de semanas.

La Constitución española es fruto de su tiempo, se aprobó en una época convulsa y las presiones que, imagino, debieron existir desde todo tipo de frentes, explican su inconcreción y su falta de valentía en muchos ámbitos. Yo siempre he defendido la necesidad de reformarla en muchos aspectos, empezando por la misma forma política del Estado, pues soy un firme defensor de la idea de una República federal para este país. Sin embargo, no puedo aceptar que, tras más de 30 años oyendo aquello de "no es el momento", "no hay suficiente consenso", "hoy no están alineados Venus y Júpiter", ahora se nos pretenda hacer creer que en dos días se puede aprobar una reforma constitucional crucial para nuestro futuro a espaldas de los ciudadanos.

Somos una democracia joven, pero estos días, en las muchas ocasiones que he tenido de juntarme y hablar con compañer@s ciudadan@s en las plazas de Madrid y Barcelona, he visto que no somos una democracia inmadura. No podemos permitirnos aceptar imposiciones como estas que además nos subestiman como ciudadanos, tratándonos como pobres incapaces que no entienden de economía, al estilo del mejor Luis XIV. Ni estamos en el siglo XVIII ni somos incapaces. Somos ciudadanos en el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos y la Constitución, con sus fallos, su olor a ropero viejo y sus bisagras oxidadas, es nuestra, como nuestros son el Congreso de los Diputados, el Senado y el Palacio de la Moncloa.

Sólo el pueblo que ejerce dignamente sus derechos y pelea por ellos es un pueblo respetado. Nadie, y digo bien, nadie, va a otorgarnos derechos por concesión graciosa y, desgraciadamente, hay mucha gente dispuesta a arrebatárnoslos. Ante esto, sólo nos queda nuestra dignidad como ciudadanos y la calle, porque el pueblo no opina, el pueblo decide.

¡Ahora más que nunca, salgamos a la calle el domingo y proclamemos nuestra indignación frente a este espectáculo bochornoso! ¡Solicitemos un referéndum, porque es nuestro derecho ser consultados! No sólo por nosotros. El futuro de las próximas generaciones está en juego.