Muchas cosas han sucedido en estos cinco meses de vida del movimiento #15M y mucho se ha escrito, debatido y discutido sobre él, lo cual ya es un avance en sí mismo: en España hace falta hablar mucho y cada vez más de política, porque hace 30 años que nos congratulamos de nuestra transición y nuestra democracia, pero a la hora de defender y ejercer nuestros derechos ciudadanos ya no solemos (o solíamos) estar tan dispuestos. El movimiento, con todos sus defectos y virtudes, ha sabido, a través de una verdadera inteligencia colectiva, sacar a la luz problemas que no estaban en la agenda de los grandes partidos políticos ni de los grandes medios de comunicación: los desahucios injustos, el obsceno número de viviendas vacías en el centro de todas las ciudades españolas, las redadas racistas y, en general, los abusos descontrolados de unas élites económicas que han tenido la suerte de coincidir en el tiempo con la generación de políticos más pusilánimes que ha conocido la historia reciente (de Obama a Sarkozy, pasando por el campeón de los vendidos, Rodríguez Zapatero).Pero, además de todo esto, que a mí ya me basta para celebrar la aparición de este movimiento, este ha puesto de manifiesto un fenómeno esencialmente español: un franquismo psicológico (también podríamos hablar del sociológico, pero a mí me fascina más la psique y sus vericuetos, qué le voy a hacer...) que está descaradamente presente en buena parte de la población española y en una aún mayor parte de la clase política. Evidentemente que esta crisis es un fenómeno planetario. Sin embargo, sólo en España los partidos conservadores hacen declaraciones tan desmesuradas, tan desenfocadas que identifican a cualquiera que ejerza derechos democráticamente reconocidos en nuestra Constitución (libertad de expresión, de manifestación, de asociación, de reunión, de huelga) con peligrosos radicales antisistema.
No hay más que retrotraerse al día de ayer, en el que el Financial Times, biblia neoliberal, hablaba de la necesidad de escuchar las demandas de una mejor redistribución de la riqueza en el mundo, justificando las manifestaciones ciudadanas como un fenómeno comprensible ante la situación económica mundial, mientras que el expresidente español José María Aznar aludía al 15M como un movimiento de "izquierda radical antisistema".
No ha sido el único. Esperanza Aguirre se ha convertido, desde que le estalló entre las manos el conflicto con el personal educativo derivado de los recortes en profesores y recursos impuestos para el nuevo curso, en el mejor altavoz de ese discurso diabólico, que engancha con aquella cantinela franquista de que "de política aquí no se habla", "los políticos son todos iguales" y, por supuesto "que vienen los rojos". ¿En qué consiste este discurso que apela a los peores fantasmas del franquismo inoculados aún en demasiada gente en este país? Básicamente en dos argumentos: el primero, erigirse en supuesto adalid de determinados derechos para desacreditar a los que defienden otros. Así, a lo primero que apeló Aguirre para atacar las sucesivas huelgas de profesores que se han ido produciendo en la Comunidad de Madrid fue a esos pobres alumnos que, debido al comportamiento irresponsable de una panda de vagos, no podían ir a clase y, por tanto, veían vulnerado su derecho a la educación. ¿No es perverso? Claro, pero de eso se trata, de que ese discurso cale (y de hecho, cala) en amplias capas de la población. Ante esto, la respuesta es sencilla: el derecho a la huelga y el derecho a una educación pública de calidad no se contraponen, se complementan y uno puede ser el instrumento perfecto para lograr el otro. Así, sin duda, lo entienden un gran número de profesores, pero también de padres y de alumnos.
No es la primera vez que la gran teórica del Derecho que es la condesa Aguirre nos somete a estas luchas fratricidas entre derechos constitucionales. Cuando en otros países los trabajadores llevan 200 años convocando huelgas (gracias a las cuales disfrutamos hoy en día de los limitados derechos laborales que aún tenemos), aquí, donde sólo llevamos 30 años con ese derecho, hay que asistir en cada nueva convocatoria (que tampoco han sido tantas) al tedioso e insultante discurso que nos hace ver a esos pobres trabajadores que no pueden ejercer su sagrado derecho al trabajo porque una caterva de energúmenos con palos y bombas incendiarias se lo impiden. Doña Esperanza, con el amor que profesa a todo lo que huela a sindicalismo, es una experta en este tipo de debates, donde si perteneces a un sindicato o participas en huelgas deberías sentirte como el terrorista más buscado de Al Qaeda. Sólo en Francia en 2010 hubo nueve huelgas generales. ¿Alguien se imagina esto en España?
El segundo argumento se basa en exacerbar la reacción frente a cualquier tipo de manifestación ciudadana que exija el cumplimiento de algún derecho, haciendo crecer en el que lo ejerce un sentimiento de culpa que le haga alejarse de la calle y refugiarse en su casa. Ejemplos: de nuevo acudimos a Aguirre, toda una maestra en este tipo de manipulaciones, que no tuvo reparos en calificar al hierático, inoperante y desesperantemente manso Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, como "instigador de huelgas". O cuando calificó al 15M de grupo de "camorristas y pendencieros" que buscan crear "una nueva Bastilla". ¿Alguien se acuerda de aquello de la "gente de orden"? Pues eso. Miedo. Y cala, vaya si cala, sobre todo en generaciones mayores de 50 años.
Este tipo de debates ponen el listón de la izquierda tan a la derecha que dentro de poco reclamar cualquier derecho de los establecidos en nuestra Constitución será subversivo. No hace falta acudir a nada más para comprobar las grandes carencias de nuestra transición: esta manera de pensar es la dominante en las élites gobernantes, porque los partidos de "izquierda" también se pliegan a estos postulados y nunca traspasarán determinadas líneas. Es un discurso tan poderoso y que crea tantos complejos a la "izquierda" española, que partidos como el PSOE nunca se atreverán a atacarlo de verdad. Y además soportarán como unos campeones las acusaciones de marxistas, subversivos, rojos peligrosos, perrofláuticos y demás lindezas que les arrojen desde las cavernas intereconómicas. Sólo en España nos hemos pasado meses discutiendo sobre la reforma de la ley del aborto para equipararla a otras como la que Francia tiene hace 50 años (y muchos del PP se plantean en serio derogarla cuando lleguen al gobierno).
Pero, amigos, no quiero que este articulillo quede sólo como la típica diatriba contra la derecha casposa y estragante del PP, que lo es. Porque, derivados de todo este movimiento de alfombras del 15M, que ha hecho que el polvo y la mierda salgan bien a la superficie, están produciéndose otros fenómenos curiosos. Así, en el que desde la progresía madrileña se conocía como el "oasis catalán" por el supuesto nivel de civismo, calidad política y progresismo discreto, de esas alfombras no sólo está saliendo polvo, sino verdaderos murciélagos tuertos. Desde que CiU (otro partido histórico, padre de la transición y, por ende, muy apegadito al poder y sus podredumbres) llegó al govern, está llevando a cabo una política demoledora de recortes brutales en sanidad, educación y demás servicios públicos esenciales, mientras alimenta una de las policías más represivas de Europa. Y, cómo no, también tiene a su Esperanza Aguirre particular para dar voz: el señor Josep Antoni Duran i Lleida, que no es conde, según creo, pero no le va a la zaga a la señora condesa en señoritismo y clasismo. En sólo un mes este señor ha afirmado sin rubor que en Cataluña hay demasiados inmigrantes, que los jornaleros andaluces están todo el día de fiesta en el bar, que vive en el hotel Palace de Madrid porque le sale más barato que un piso y, hoy mismo, que no dice todo lo que piensa porque perdería las elecciones.
Bien visto, los discursos de Aguirre o Durán son lógicos y coherentes, pero para las élites, no para una gran mayoría social. Como se vio el 15O en muchas pancartas de la concentración de Nueva York, nosotros somos el 99%. Para ese restante 1% hablan estos señores. Perfecto, que les voten ellos y que pasen a tener la representatividad que se merecen: entre 0 y 1 escaño en el Congreso de los Diputados.
Frente a esta situación sólo cabe seguirnos rebelando y esperar que nuestra sociedad vaya poco a poco madurando hacia una conciencia plena de ciudadanía, que no sólo consiste en quejarse de los políticos en el bar, sino en ejercer nuestros derechos día a día, y en hacer pedagogía de ellos. Muchos ya lo estamos haciendo, pero hacen falta muchos más.
